El tracto sucesivo es un principio jurídico que se refiere a la cadena de titularidad de un bien inmueble, asegurando que cada transferencia de propiedad esté debidamente registrada y documentada.

Definición y Función

El tracto sucesivo se refiere al registro legal que documenta la historia de dominio de una propiedad, es decir, el historial de propietarios que ha tenido un bien desde su primera inscripción hasta la fecha actual. Este principio es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, ya que permite verificar la cadena de titularidad del bien y evita conflictos legales futuros. 

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Importancia Legal

Continuidad en la Propiedad: Para que una propiedad cambie de dueño, es necesario que cada transferencia esté registrada de manera encadenada y cronológica en el Registro Público de la Propiedad. Esto asegura que no existan inscripciones contradictorias y que cada nuevo propietario tenga un respaldo legal claro. 

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Prevención de Fraudes: El tracto sucesivo ayuda a prevenir fraudes y despojos ilegales, ya que establece un marco legal que protege los derechos de propiedad de los individuos. Sin un registro adecuado, las transferencias de propiedad podrían ser consideradas nulas o inválidas. 

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Certeza Jurídica: Este principio proporciona a los propietarios la certeza de que no pueden ser despojados de su propiedad sin seguir los procedimientos legales establecidos, lo que está respaldado por la Constitución. 

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Conclusión

El tracto sucesivo es un concepto esencial en el derecho civil, especialmente en el ámbito inmobiliario, que asegura que las transferencias de propiedad se realicen de manera legal y ordenada. Esto no solo protege los derechos de los propietarios, sino que también promueve la confianza en el sistema legal y en las transacciones de bienes raíces.

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Suplemento del Registro Oficial No. 162 , 31 de Marzo 2010
Normativa: Vigente
Última Reforma: (Segundo Suplemento del Registro Oficial 150, 29-XII-2017)

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

 

Art. 11.- Valor Probatorio.- La información de los datos públicos registrales legalmente certificados, constituye prueba. Se podrá certificar toda clase de asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente señala.

 

LEY DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

 

Art. 11.- Son deberes y atribuciones del Registrador:

a) Inscribir en el Registro correspondiente los documentos cuya inscripción exige o permite la Ley, debiendo negarse a hacerlo en los casos siguientes:

1.- Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser auténtico el título que se presente o no estar conferida la copia en el papel del sello correspondiente;

2.- Si los impuestos que causan la celebración del acto o contrato o su inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley;

3.- Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato judicial que debe inscribirse no está situado dentro del Cantón;

4.- Si el título o documento que se trata de inscribir tiene algún vicio o defecto que lo haga nulo;

5.- Si el título o documento no contiene los requisitos legales para la inscripción; y,

6.- Si no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción de un título o documento prescribe la Ley.

La negativa del Registrador constará al final del título cuya inscripción se hubiere solicitado, expresando con precisión y claridad las razones en que se funde.

 

De la negativa del Registrador se podrá ocurrir al Juez competente, quien luego de examinar la solicitud del interesado y las causas de la negativa, dictará su resolución, la que será notificada al Registrador en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.

Si la resolución ordena la inscripción, no será susceptible de recurso alguno.

Si el Juez negare la inscripción, el interesado podrá interponer el recurso de apelación para ante la Corte Superior correspondiente, de cuya resolución no habrá recurso alguno.

En el caso de que la negativa del Registrador se funde en la causal constante en el ordinal segundo de este artículo, el perjudicado podrá acudir al Tribunal Fiscal, el mismo que dictará la resolución correspondiente con el estudio de la petición del interesado y de las razones aducidas por el Registrador.

Esta resolución será definitiva y se le comunicará a dicho funcionario en la forma legal.

Si se mandare por el Juez o el Tribunal Fiscal, en su caso, hacer la inscripción, el Registrador, la practicará al ser notificado con la resolución correspondiente, dejando constancia de ella al efectuar la inscripción.

b) Llevar un inventario de los Registros, libros y demás documentos pertenecientes a la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año.

c) Llevar, con sujeción a las disposiciones de esta Ley, los libros denominados Registro de Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar y los demás que determina la Ley;

 

d) Anotar en el Libro denominado Repertorio los títulos o documentos que se le presenten para su inscripción y cerrarlo diariamente, haciendo constar el número de inscripciones efectuadas en el día y firmado la diligencia;

 

e) Conferir certificados y copias con arreglo a esta Ley;

 

f) Dar los informes oficiales que le pidan los funcionarios públicos acerca de lo que conste en los libros de la Oficina; y,

g) Los demás que la Ley le imponga.

 

Nota: Literal b) sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 162 de 31 de Marzo del 2010.

 

NUESTRA EX CORTE SUPREMA SE PRONUNCIO AL RESPECTO.

 

El fallo de la ex Corte Suprema, publicado en el Registro Oficial 504 de 14 de enero de 2007, con relación a la inscripción, dice: “La inscripción en el Registro de la propiedad de los bienes inmuebles, cumple un papel de singular importancia, para la seguridad jurídica de la propiedad privada, con esta finalidad de ha de observar

con escrupulosidad, el principio del tracto sucesivo, que significa que el acto o contrato que transmite modifica o extingue un derecho real inmobiliario, para que sea admisible su inscripción, debe proceder exclusivamente de la persona que consta inscrita en los libros de propiedad, por tanto debe proceder a la inscripción, si cumple dicho requisito  o caso contrario  denegar la inscripción. El registro de bienes inmuebles debe mantener  concatenación y enlace entre las diferentes modificaciones que producen los actos o contratos que se inscriben en el Registro de la propiedad, en las relaciones jurídica de carácter real sobre inmueble determinado de tal manera que todos los actos  de adquisición, modificación  y extensión del dominio  o de los demás derechos reales, formen una cadena o sucesión perfecta, sin solución de continuidad (…), el titulo inscrito a favor del tridente es el antecedente jurídico de la inscripción y este antecedente es parte sustancial  del asiento de inscripción, conforme dispone el Art. 727 del Código Civil que dice: “siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes inscrito  se mencionará la precedente inscripción  en la nueva”.

 

[PROCESO N°. 2333120150147]

 

".../ El tracto sucesivo de los bienes no impide la posesión, la que no se cuenta en intervalos entre quienes han tenido la propiedad del bien; la posesión como hecho material subsiste independiente de la titularidad del dominio y se cuenta por el transcurso de su ejercicio material.\..."

 

[PROCESO N° 1771120160751]

 

 

 

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DERECHO COMPARADO

COMPARACION DEL TRACTO SUCESIVO ESPAÑOL

 

CONCORDANCIA DEL REGISTRO Y LA REALIDAD

 

A. Acta notarial de inmatriculación. 

 

En …, a …, de …, de …

Ante mi …, Notario de …

COMPARECEN:

Don …

Don …

Don …

INTERVIENEN:

Don …, en su propio nombre y derecho, y don …, como testigos de los cuales intenta el primero valerse de la presente acta.

Conozco a los comparecientes y tienen, a mi juicio, según concurren, la capacidad legal para formalizar la presente acta, al objeto de acreditar por notoriedad la certeza del título de adquisición por el enajenante de finca cuyo dominio transfirió mediante contrato de compraventa, al amparo del apartado b) del articulo 199 de la LH y 298 de su reglamento.

 

[EN ECUADOR CORRESPONDE LEY NOTARIAL Y REGLAMENTO].

 

B.Acta de notoriedad para reanudar el tracto registral

 

COMPARECE:

Don …

Le identifico por su DNI [ EN ECUADOR NUI.] exhibido y juzgo con capacidad e interés bastante para instar la presente acta de notoriedad y al efecto.

EXPONE: 

I.- Que es dueño de la finca que se describe a continuación: …

Titulo …

Datos catastrales …

II.- Que, a efectos de reanudación del tracto registral sucesivo interrumpido, pretende el compareciente, acreditar por notoriedad, el hecho de estar en posesión a título de dueño de la finca antes descrita, aseverando bajo juramento y pena de falsedad en documento público, la veracidad de lo precedente, y me entrega para su unión a la presente: certificación del estado actual de la finca en el Catastro [AMILLARAMIENTO O REGISTRO FISCAL] y certificado del Registro de la Propiedad de …

III.- Que, por anterior, me requiere a mí, el Notario, para que a los efectos pertinentes: 

 

a) Practique las notificaciones procedentes, y en particular al titular registral o a sus causahabientes o a los vecinos y colindantes [indicación de sus circunstancias y domicilios].

 

b) Haga las publicaciones legales en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de … incorporando a la presente la publicación y certificado en su caso.

 

c)Y una vez practicadas las diligencias precedentes, emita el correspondiente juicio de notoriedad y emita, para su aprobación, al Juzgado competente, testimonio literal y total de lo acordado, archivando lo original, sin incorporarlo al protocolo, hasta su protocolización por ordenarlo así el auto judicial que recaiga en su día.

 

Acepto el requerimiento e incorporo las aludidas certificaciones.

 

 

C. Expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo.

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE …

 

Don …, Procurador de los Tribunales, en nombre de don …, según acredito con la escritura de poder que debidamente bastanteado acompaño, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que en la mencionada representación y al amparo de los artículos 198, 200, 201, y 202 de la Ley Hipotecaria y 272 y siguientes de su Reglamento, promuevo expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido respecto de la finca rustica que seguidamente se describe, a cuyo efecto, y en cumplimiento de las indicadas normas, hago constar:  

 

PRIMERO. – Que mi mandante es titular … [descripción, extensión superficial y linderos] …

 

De los citados colindantes se conoce el domicilio de don … y don …, sito en … y … respectivamente, siendo desconocido el paradero o domicilio de los restantes: 

Le pertenece a mi poderdante la referida finca, por escritura de … otorgada en la ciudad de … el …, ante el Notario don …, copia de la cual acompaña.

 

SEGUNDO. – Consta inscrita, con más de treinta años de antigüedad, en el Registro de la propiedad de …, al tomo …, libro …, folio …, finca …, inscripción …, a favor de don …, por título de …, según resulta de la certificación registral que se acompaña. Dicho señor ha fallecido el … de … de …, lo que se acredita con el certificado de defunción que se adjunta ignorándose la existencia, paradero y domicilio de los posibles herederos.

 

TERCERO. - Se encuentra catastrada a nombre de …, según se acredita con el certificado que acompaño.

 

CUARTO. - Se encuentra libre de arrendatarios y de cargas, como resulta de la certificación registral que acompaña. 

 

QUINTO. - Para acreditar la adquisición del dominio de la referida finca a favor de mi mandante, a más de la documental que con este escrito se aporta, se ofrece información testifical, consistente en el examen de los testigos que oportunamente se presentaran, sobre los hechos que se exponen en este escrito.

Por lo expuesto, y siendo competente en Juzgado para conocer del expediente de dominio que se promueve conforme a la regla 1 del articulo 201 de la Ley Hipotecaria, procede y

 

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan, tenga por promovido el expediente de dominio que se interesa, ordenar su trámite conforme a los preceptos expresados, y en tal sentido, previo traslado al Ministerio Fiscal sean citados en los domicilios señalados las personas de los colindantes, el heredero del titular registral, el transmitente y titular catastral, y citados asimismo por medio de edictos los señalados con paradero o domicilio desconocido así como cuantas personas puedan tener interés y a quienes pueda perjudicar la inscripción que se pretende, librando para ello los oficios oportunos, para en su día, y a la vista de lo actuado, dictar Auto declarando acreditada la adquisición del dominio por mi mandante respecto de la descrita finca, ordenando la inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad y a cancelación de las inscripciones contradictorias, expidiéndoseme testimonio de tal resolución. 

 

D.Escrito al juzgado para la aprobación del acta notarial para reanudar el tracto sucesivo. 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE …

 

Don … (circunstancias personales), ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda, DIGO:

 

Que acompaño al presente escrito testimonio notarial literal y total del acta de notoriedad para reanudar el tracto sucesivo, tramitada por el Notario de este Partido don …, para que, conforme a la regla 8ª. Del articulo 203 de la Ley Hipotecaria y al artículo 293 del Reglamento Hipotecario, previa audiencia del Ministerio Fiscal, y la prueba que se estime pertinente, se dicte Auto aprobándola.

 

Por lo expuesto, procede y

 

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con el testimonio notarial a que se refiere, y previa audiencia del Ministerio fiscal y la prueba que se estime pertinente, se dicte Auto ordenando protocolizar el expediente notarial, practicar la inscripción a que se refiere, y cancelar las inscripciones contradictorias mencionadas en el mismo por ser de justicia que pido en …, a …, de …, de …

 

 

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CASO CIVIL EN ECUADOR QUE NACE EN LA NOTARIA 

PROCESO N° 18334202102074

 

"... en la Notaría del señor Jordán Genaro, el 27 de agosto de 1970, e inscrita legalmente en el Registro Municipal de la Propiedad del cantón Ambato, bajo la partida N° 1345, el 16 de marzo del 2001, conforme se adjunta la Escritura pública y certificado Liberatorio de Gravamen". 1.3.2.- Que, con estos documentos, se demuestra que la negativa a la inscripción, es ilegal, improcedente e inconstitucional, por cuanto omite un título escriturario que pertenece y es derecho constitucional la propiedad privada, por ser un documento público. 1.4.- Que sobre la SEGUNDA OBJECIÓN señala que en forma detallada y de acuerdo a las peticiones efectuadas ante el I. Concejo Cantonal de Ambato, se demuestra con los siguientes documentos que adjunta: a). -Solicitud enviada por el Dr. Germán Altamirano, en calidad de Abogado defensor de la señora DORIS ARCOS ROMO, al Sr. Dr. Luis Fernando Torres, ALCALDE CANTONAL DE AMBATO, con la cual insistió al Concejo Municipal para que resuelvan y aprueben la Partición. b). - Copia certificada integra de la solicitud Nº 4132, en la cual el I. Concejo Cantonal de Ambato, en Sesión Ordinaria de 29 de abril de 1997, resolvió autorizar la división solicitada. c). - Resolución del Concejo Cantonal de Ambato, dando a conocer que, en Sesión Ordinaria de 29 de abril 1997, resolvieron autorizar la división solicitada, con Informe N° 003 de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo, en base del cual RESOLVIÓ: Autorizar la división, en base al Of. N° IMA-DP-1468-96, suscrito por el Director de Planificación, en el que se indica que procede la Aprobación, por ser una división de hecho, exonerándose el pago de porcentaje de cesión, por ser una división a favor de los herederos Arcos Romo. d). - La división de los 9 lotes para los 8 hijos y un lote que se reservó el padre MANUEL ARCOS SANTANA. 1.4.1.- Que, en esta segunda objeción, el señor Registrador Municipal de la Propiedad, indicó que era necesario se realice la división de un lote de 3000, (no pone metros), porque desconocía que estos trámites y documentos se realizaron en los meses de abril y mayo de 1997. 1.5.- Que se ha demostrado con documentos públicos, que ninguna de las 2 objeciones realizadas por el señor Registrador Municipal de la Propiedad, se sustentan en Página 3 de 47 documentos públicos, ya que, en el primer caso o primera objeción, omite un documento público o escritura pública, inscrita legalmente en el Registro Municipal de la Propiedad; mientras que, en la segunda objeción, supone, elucubra, que estas propiedades no han estado legalizadas mediante partición municipal. 1.6.- Que se fundamenta en los artículos 11 de la Ley de Registro, 205, 206, 207 del COGEP y 18 de la Ley Notarial; y, que pretende que: 1.6.1.- Se deje sin efecto la razón sentada por el anterior Registrador Municipal de la Propiedad de Ambato, de fecha 25 de marzo de 2015. 1.6.2.- Se disponga y ordene que la actual Registradora Municipal de la Propiedad del cantón Ambato, inscriba la Escritura de compraventa y las aclaraciones efectuadas en la Notaría Tercera del cantón Ambato, entre los señores vendedores MARIO PATRICIO CAICEDO LOPEZ y CARLOS ALBERTO CAICEDO LOPEZ, a favor de LUIS DANIEL LEMA RUÍZ y DORIS ELIZABETH ARCOS ROMO, con fecha 6 de noviembre del 2014. 1.7.- Que la cuantía es indeterminada; que la prueba que anuncia es la determinada en el numeral CUARTO de su demanda; que el trámite es el voluntario conforme a los artículos 334.6 y 335 del COGEP; \...

 

LO MAS NOTORIO EN LOS CONFLICTOS Y DISCUSIONES DE LOS USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PORPIEDAD ES LA FAMOSA "NOTA DEVOLUTIVA". 

 

¿Cuál es la incidencia, de esa nota devolutiva, y que consecuencias jurídicas podrían resultar de esto?

 

Lo primero que podría generar es una DEMANDA CIVIL.

 

DEBEMOS RECORDAR QUE LA REALIDAD ESTA LLENA DE PROBLEMAS LEGALES SIN RESOLVER, Y ELLOS COMIENZAN POR EL POCO CASO QUE HACEMOS DE LOS TEMAS; HERENCIA Y LEGADO. 

 

Esto repercute en la herencia yacente, cuando los hijos y demás herederos o legatarios no asumen la herencia. No realizan los tramites ordinarios de la POSESION EFECTIVA, en el caso de personas naturales. 

 

Lo que es peor, los padres nunca legalizaron la posesión del bien en propiedad, dominio o su transferencia. 

 

Sucede en la realidad todo esto, y, además, en las instituciones que regula el código civil, como las asociaciones, fundaciones, y demás personas jurídicas cuando estas dejan de estar con vida activa, sus bienes tienden a perderse porque sus directorios dejan de funcionar. 

 

Se pierde la continuidad, la continuación del dominio de los miembros de esa persona jurídica.

 

DE LAS PERSONAS JURIDICAS [CODIGO CIVIL DE ECUADOR].

 

Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública.

 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.

 

EL TRACTO SUCESIVO SUFRE UNA DESCONTINUACION, O DISCONTINUIDAD Y EL TRACTO SUCESIVO 

 

La discontinuidad se refiere a la interrupción del tracto sucesivo, lo que implica que el efecto jurídico correspondiente no se produce. Esto puede ocurrir si hay una ruptura en la cadena de transmisiones, lo que puede llevar a la nulidad de la transacción o a la invalidación de la inscripción en el Registro de la Propiedad. El tracto sucesivo es un principio fundamental en el derecho civil y registral, especialmente en el ámbito de la propiedad inmueble, donde se requiere una serie de actos jurídicos sucesivos para transferir la propiedad de manera segura y legal.

 

Los estatutos de las personas jurídicas que regula el código civil, sus directorios, sus funciones las mismas que están establecidas en dicho estatuto, establecen además que cuando una de estas personas jurídicas se liquidan sus bienes pasaran al estado. Pero para realizar la liquidación se tiene que realizar un trámite específico para ello. 

 

¿A NOMBRE DE QUIEN SE TRANSFIEREN LOS BIENES?

 

 Aqui surgen muchas interpretaciones. 

 

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NO EXISTE COMO LO HABIA EN EL ANTIGUO CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, TEXTUALMENTE EL CONCEPTO NI LA DEFINICION DE JURISDICCION VOLUNTARIA EN EL COGEP., SOLO REGLAS DE PROCEDIMIENTO.

 

Art. 3.- La jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, preventiva, privativa, legal y convencional.

 

Jurisdicción voluntaria es la que se ejerce en los asuntos que, por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin contradicción.

 

Jurisdicción contenciosa es la que se ejerce cuando se demanda la reparación o el reconocimiento de un derecho.

 

Jurisdicción ordinaria es la que se ejerce sobre todas las personas o cosas sujetas al fuero común.

 

Jurisdicción preventiva es la que, dentro de la distribución de aquella, radica la competencia por la anticipación en el conocimiento de la causa.

 

Jurisdicción privativa es la que se halla limitada al conocimiento de cierta especie de asuntos o al de las causas de cierta clase de personas.

 

Jurisdicción legal es la que nace únicamente de la ley.

 

Jurisdicción convencional es la que nace de la convención de las partes, en los casos permitidos por

la ley.

 

PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS

 

Sección I 

 

REGLAS GENERALES

 

Art. 334.- Procedencia. Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia exclusiva de las o los juzgadores, los siguientes:

 

1. Pago por consignación.

2. Rendición de cuentas.

3. Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes.

4. Inventario, en los casos previstos en este capítulo.

5. Partición.

6. Autorización de venta de bienes de niñas, niños y adolescentes y, de personas sometidas a guarda.

 

También se sustanciarán por el procedimiento previsto en esta Sección los asuntos de jurisdicción voluntaria, como el otorgamiento de autorizaciones o licencias y aquellas en que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelvan sin contradicción.

 

Art. 335.- Procedimiento. Se iniciarán por solicitud que contendrá los mismos requisitos de la demanda.

 

La o el juzgador calificará la solicitud. Si se admite la solicitud, la o el juzgador dispondrá la citación de todas las personas interesadas o de quienes puedan tener interés en el asunto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá requerir la información a la o el interesado, con respecto al domicilio o residencia y otros datos necesarios de quienes deban ser citados.

 

La o el juzgador convocará a audiencia en un término no menor a diez días ni mayor a veinte días siguientes a la citación. En dicha audiencia, escuchará a los concurrentes y se practicarán las pruebas que sean pertinentes. A continuación, aprobará o negará lo solicitado.

 

Art. 336.- Oposición. Las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto, podrán oponerse por escrito hasta antes de que se convoque a la audiencia.

 

La oposición deberá cumplir los mismos requisitos de la contestación a la demanda.

 

La o el juzgador inadmitirá la oposición cuando sea propuesta sin fundamento o con el propósito de retardar el procedimiento. En los demás casos, se entenderá que ha surgido una controversia que deberá sustanciarse por la vía sumaria, teniéndose la solicitud inicial como demanda y la oposición como contestación a la demanda. En tal caso, la o el juzgador concederá a las partes el término de quince días para que anuncien las pruebas, hecho lo cual se convocará a la audiencia.

 

Art. 337.- Recursos. Será apelable la providencia que inadmita la solicitud inicial y la resolución que la niegue.

 

Las demás providencias que se pronuncien solo serán susceptibles de aclaración, ampliación, reforma y revocatoria.

 

¿QUE ES UNA LITIS?

¿QUE ES LA LITISCONSORCIO?

 

Debido a que muchos aspectos de este tipo de jurisdicción han sido transferidos a los Notarios, pero no todo lo que respecta a este tema lo pueden evacuar los notarios. 

 

Qué establece el artículo 51 del Código General de Procesos en Ecuador

 

 

A continuación, analizaremos lo que establece el artículo 51 del Código General de Procesos (CGP) en Ecuador. Este precepto regula la figura del litis consorcio, una figura jurídica importante en los procesos civiles que facilita la participación conjunta de varias personas en un mismo proceso judicial.

 

Indicé de contenidos

• Contexto y finalidad del artículo 51 del Código General de Procesos
• ¿Qué establece el artículo 51 respecto al litis consorcio?
• Requisitos para la participación en el litis consorcio según el artículo 51
• Tipos de litis consorcio: activo y pasivo
• La relación entre las pretensiones y el litis consorcio
• Consecuencias de la sentencia en casos de litis consorcio
• Importancia del artículo 51 en los procesos judiciales en Ecuador
• Conclusión: importancias prácticas y jurídicas del artículo 51
• Contexto y finalidad del artículo 51 del Código General de Procesos

 

==========================    DESARROLLO =================================

 

 

El artículo 51 del Código General de Procesos busca entender y regular la situación en la que varias personas tienen intereses relacionados en una misma causa judicial. La finalidad principal de esta norma es garantizar que los procesos judiciales sean más eficientes, justos y coherentes, evitando que se dicten sentencias contradictorias o que se fragmenten asuntos que por su naturaleza deben resolverse en conjunto.

 

En términos generales, este artículo promueve la idea de que cuando dos o más personas tienen pretensiones vinculadas, es conveniente que participen en un solo proceso judicial. Con esto, se busca reducir la carga de trabajo del sistema judicial, facilitar la obtención de una sentencia definitiva y fortalecer la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

 

Desde un punto de vista jurídico, el artículo 51 del código también busca promover la justicia material, asegurando que todas las pretensiones relacionadas sean tramitadas en un solo proceso, para evitar decisiones contradictorias que puedan afectar los derechos de las partes. Esto es especialmente importante en casos donde la sentencia en un proceso puede afectar directamente otros intereses o pretensiones de las partes involucradas.

 

¿Qué establece el artículo 51 respecto al litis consorcio?

 

 

El artículo 51 del código regula de manera precisa el concepto y las condiciones del litis consorcio. En términos simples, señala que varias personas pueden participar en un mismo proceso judicial cuando sus pretensiones están relacionadas por causa u objeto, o cuando la sentencia que se dicte puede afectar a otros interesados.

 

Este artículo establece que el litis consorcio puede ser activo (cuando los interesados participan como demandantes) o pasivo (cuando actúan como demandados). La norma también señala que esta participación conjunta debe ser declarada por el juez, quien se encargará de determinar si las pretensiones de las partes son suficientes para unirse en un mismo proceso.

 

En suma, la finalidad de la norma del 51 código es facilitar la administración de justicia, agrupando en un solo proceso todas las pretensiones relacionadas y evitando que las partes involucradas tengan que litigar en múltiples procesos distintos, lo cual sería más costoso y menos eficiente.

 

Requisitos para la participación en el litis consorcio según el artículo 51

 

 

Para que exista un litis consorcio, el artículo 51 del código establece ciertos requisitos que deben cumplirse. En primer lugar, las partes interesadas deben tener pretensiones que estén relacionadas por causa u objeto. Es decir, que las demandas o defensas de las partes tengan un vínculo lógico o que se refieran a una misma situación o perjuicio.

 

Además, es necesario que estas pretensiones puedan ser resueltas en una misma sentencia, ya que si se trata de asuntos independientes que no afectan unos a otros, no procederá el litis consorcio. Por ejemplo, si dos personas reclaman la misma propiedad, pero en contextos diferentes, probablemente no sea conveniente unir sus casos.

 

Otro requisito importante, según el 51 código, es que la sentencia que se dicte en el proceso pueda afectar a todas las partes involucradas. Es decir, que exista un interés común o una pretensión conexa que justifique la unidad del proceso. Esto evita que se formen procesos separados que puedan terminar en sentencias contradictorias.

 

Tipos de litis consorcio: activo y pasivo

 

 

El litis consorcio puede clasificarse en dos tipos principales según la participación de las partes:

 

Litis consorcio activo: se da cuando varias personas actúan como demandantes en un mismo proceso. Es decir, que varias personas presentan conjuntamente una demanda contra una o varias personas demandadas, porque tienen intereses comunes relacionados con la misma pretensión.

Litis consorcio pasivo: ocurre cuando varias personas son demandadas en un mismo proceso. En este caso, varias personas son demandadas por una misma pretensión presentada por un demandante único o varios demandantes con intereses vinculados.

Estos modelos facilitan que el proceso judicial abarque todas las pretensiones relacionadas y que la sentencia pueda resolver todos los aspectos en un solo acto judicial, evitando procesos separados y sentencias contradictorias.

 

La relación entre las pretensiones y el litis consorcio

 

 

Las pretensiones son las solicitudes o derechos que las partes buscan hacer valer en el proceso judicial. En el context del artículo 51 del código, para que exista litis consorcio, estas pretensiones deben estar relacionadas por causa u objeto. Esto significa que deben tener un vínculo lógico o común, como un mismo bien, un mismo derecho o una misma situación que afecta a varias personas.

 

Por ejemplo, si varias personas demandan al mismo propietario por una misma propiedad, o si varias personas reclaman por un daño causado por el mismo hecho, sus pretensiones están conectadas y pueden formar parte de un litis consorcio. La relación entre pretensiones busca evitar que en un proceso se aborden asuntos dispersos, asegurando que el proceso sea coherente y eficaz.

 

Es importante destacar que la relación entre las pretensiones y el litis consorcio también ayuda a la celeridad procesal, ya que, en vez de abrir varios procesos separados, se resuelve en uno solo, ganando en eficiencia y en protección jurídica para las partes involucradas.

 

Consecuencias de la sentencia en casos de litis consorcio

 

 

Cuando un proceso en el que hay litis consorcio llega a su fin, la sentencia tiene efectos que impactan a todas las partes involucradas. La norma del 51 código establece que la resolución judicial será vinculante para todos, en función de las pretensiones conjuntas y de los intereses relacionados.

 

Esto quiere decir que, si en un proceso con litis consorcio activo se condena a un demandado, esa decisión afectará a todos los otros demandados en la misma acción. De igual forma, en un litis consorcio pasivo, la sentencia puede determinar la responsabilidad de todos los demandados, si la pretensión es común.

 

Además, la sentencia puede resolver todas las pretensiones relacionadas en un solo acto, evitando que se dicten sentencias contradictorias que puedan generar inseguridad jurídica. Sin embargo, también es importante destacar que si alguna de las pretensiones no está adecuadamente vinculada, podría requerirse un proceso separado para resolverla.

 

Importancia del artículo 51 en los procesos judiciales en Ecuador

 

 

El artículo 51 del Código General de Procesos es fundamental para el sistema judicial ecuatoriano, ya que regula una figura que fomenta la eficiencia y coherencia en la administración de justicia. Su correcta aplicación permite que los procesos sean más ágil y justos, evitando la fragmentación y el riesgo de decisiones contradictorias.

 

Este artículo también favorece la protección de derechos colectivos e intereses comunes, especialmente en casos donde varias personas resultan afectadas por hechos similares. La posibilidad de participar juntas en un proceso puede facilitar la resolución de conflictos complejos, además de reducir recursos y tiempo en la tramitación de los procesos judiciales.

 

Finalmente, la relevancia del 51 código radica en que ayuda a mantener la unidad y coherencia en las decisiones judiciales, contribuyendo a un sistema de justicia más eficiente, transparente y confiable en Ecuador.

 

Conclusión: importancias prácticas y jurídicas del artículo 51

 

 

El artículo 51 del Código General de Procesos en Ecuador establece las bases para que varias personas participen en un mismo proceso cuando tienen pretensiones relacionadas, facilitando una justicia más eficiente y coherente. Su correcta aplicación garantiza que las sentencias tengan efectos justos y vinculantes para todos los involucrados, fortaleciendo la protección jurídica y la administración de justicia en el país.

 

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https://juridicamente.org/51-codigo/ 

 

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Jurisdicción Voluntaria

 

Concepto de jurisdicción voluntaria

 

La jurisdicción voluntaria es un concepto jurídico que hace referencia a la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos que surgen entre partes de forma consensuada, es decir, sin la necesidad de un litigio o contienda judicial. En este tipo de procedimientos, las partes acuden al juez o tribunal para que este decida sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo la aprobación de un testamento, la constitución de una fundación, la adopción de un menor, entre otros.

 

Características de la jurisdicción voluntaria

 

La jurisdicción voluntaria se caracteriza por ser un procedimiento ágil y sencillo, en el cual no se requiere la presencia de abogados ni la realización de audiencias judiciales. Además, es un proceso confidencial, en el cual las actuaciones y decisiones del juez no son públicas y solo las partes involucradas tienen acceso a la información.

 

Otra característica importante de la jurisdicción voluntaria es que las resoluciones dictadas por el juez tienen la misma fuerza y efectos que una sentencia judicial, por lo que son de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas.

 

Procedimientos de jurisdicción voluntaria

 

Existen diferentes tipos de procedimientos de jurisdicción voluntaria, cada uno de los cuales está regulado por ley y tiene sus propias particularidades. Algunos de los procedimientos más comunes son:

 

Aprobación de testamentos.

Declaración de ausencia.

Constitución de fundaciones.

Adopción de menores.

Cancelación de hipotecas.

 

En cada uno de estos procedimientos, el juez actúa como un mediador imparcial que vela por los intereses de todas las partes involucradas y toma decisiones basadas en la ley y la equidad.

 

Importancia de la jurisdicción voluntaria

 

La jurisdicción voluntaria juega un papel fundamental en la resolución de conflictos extrajudiciales, ya que permite a las partes llegar a acuerdos de forma rápida y eficaz, sin necesidad de recurrir a costosos y largos procesos judiciales. Además, fomenta la seguridad jurídica y la paz social, al garantizar el cumplimiento de las decisiones tomadas por el juez en estos procedimientos.

 

 

En resumen, la jurisdicción voluntaria es un instrumento jurídico que facilita la resolución de conflictos de manera pacífica y consensuada, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema de justicia y al bienestar de la sociedad en su conjunto.

 

https://conceptos.es/jurisdiccion-voluntaria

 

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TRACTO SUCESIVO. - en materia civil el tracto sucesivo es de suma importancia.

 

Se trata de una línea jurídica en la que no se ha dejado establecida su intervención desde la función judicial.

 

TENDREMOS QUE ACUDIR AL CODIGO CIVIL QUE EN LO QUE NO ESTA PROHIBIDO ESTA PERMITIDO.

 

Procedimiento Voluntario como se realiza

 

El procedimiento voluntario en el contexto del COGEP actualizado 2025 se realiza de la siguiente manera:

 

Presentación de la solicitud: La solicitud debe ser presentada ante el juez competente.

 

Control y autenticación: El juez controla y autentica la solicitud de las partes interesadas.

 

Resolución: El juez resuelve la solicitud, sin dictar sentencia con autoridad de cosa juzgada, sino resoluciones.

 

Ejemplos: Ejemplos clásicos de procedimiento voluntario son el juicio de inventarios y el juicio segundas nupcias.

 

Competencia: Algunos trámites han sido entregados a Notarios Públicos para descongestionar sedes judiciales. 

 

Este procedimiento es una forma de tramitar juicios civiles y se aplica a los procedimientos en los que inicialmente no existe conflicto o contradicción. La autoridad judicial que interviene no dicte sentencia con autoridad de cosa juzgada, sino resoluciones. 

 

EN PRINCIPIO EL TRACTO SUCESIVO DEBIERA SER UN TRAMITE NO LITIGIOSO, NO CONFLICTIVO, Y SE TRAMITARIA POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO.