La imputación penal objetiva, según Günther Jakobs, es una teoría que busca determinar cuándo y por qué un hecho realizado por una persona puede considerarse jurídicamente responsable, no únicamente basándose en la causalidad del resultado, sino considerando el contexto social y normativo en el que ocurre la conducta.

 

1. Concepto Clave

 

Para Jakobs, un acto no se considera punible simplemente por producir un daño o un resultado negativo; lo que lo hace injusto y, por ende, susceptible de imputación penal, es que transgrede un rol normativo en la sociedad. El enfoque no se centra en la lesión de bienes jurídicos (como la vida o la propiedad), sino en la ruptura de las expectativas sociales que definen el comportamiento adecuado dentro de un sistema normativo.

 

En palabras sencillas: no todo daño es delito; sólo aquellos actos que violan las normas y expectativas sociales y que podrían haber sido previstos razonablemente como perturbadores.

 

2. Dos Niveles de Imputación

 

Jakobs distingue entre:

 

Imputación objetiva del comportamiento: Determinar si la conducta del sujeto es socialmente inadecuada o típica según el contexto normativo.

 

Imputación objetiva del resultado: Comprobar si el daño o resultado que ocurrió puede ser racionalmente atribuido a esa conducta socialmente inadecuada.

Ejemplo pedagógico:

 

Si un automovilista conduce correctamente y ocurre un accidente por causas extraordinarias (por ejemplo, un árbol que cae sobre otro vehículo), él no es penalmente responsable, porque su conducta estaba dentro del riesgo permitido.

 

3. Principios Fundamentales

 

a) Rol y posición de garante

 

Cada persona tiene responsabilidades derivadas de su rol en la sociedad. Jakobs utiliza la noción de posición de garante para explicar que cada sujeto responde cuando su omisión o acción incumple un deber legal o rol socialmente determinado.

Ejemplo:

 

El conductor de un automóvil debe evitar dañar a los peatones.

 

El médico debe actuar con las precauciones mínimas aceptadas en su práctica profesional.

 

Si alguien actúa dentro de estos marcos aceptados, su conducta no es imputable aunque surjan resultados negativos.

 

b) Riesgo permitido

 

Jakobs reconoce que la interacción social conlleva un grado de riesgo normal. No es posible eliminar todos los riesgos en la vida cotidiana; por tanto, solo se imputa penalmente aquello que supera el riesgo socialmente aceptable.

Ejemplo:

 

Dar alcohol a menores sabiendo que podrían descontrolarse. Aquí, el riesgo no es permitido y la conducta es socialmente perturbadora, por lo que es imputable.

 

c) Significado social del hecho

 

El método de interpretación busca identificar el significado de la conducta dentro de la sociedad:

 

Lo relevante penalmente no es el mero evento natural o físico.

 

Un comportamiento adquiere importancia cuando infringe normas sociales específicas y esperadas.

 

Esto permite que la imputación penal sea objetiva, basada en lo que la sociedad reconoce como perturbador, y no en percepciones individuales o meros accidentes.

 

4. Diferencia con otras teorías

A diferencia del causalismo, donde cualquier resultado causado podía considerarse imputable, Jakobs establece criterios adoptando un enfoque social y normativo, evitando así la penalización de actos que son daños casuales o socialmente tolerados.

 

5. Resumen Pedagógico

 

Imputación objetiva: Attribución de responsabilidad basada en la perturbación social y normativa causada por un acto, no solo en la causalidad.

 

Condición de imputabilidad: La conducta debe ser socialmente inadecuada y el resultado debe ser objetivamente atribuible a esa conducta.

 

Herramienta para jueces: Permite diferenciar entre daños inevitables y hechos penalmente relevantes, respetando el principio de riesgo permitido y la posición de garante.

 

En síntesis, Jakobs enseña que no todos los resultados negativos son delitos, sino solo aquellos actos que alteran objetivamente el orden normativo del entorno social y que, en consecuencia, pueden ser imputados al responsable de manera racional y socialmente fundamentada.

 

1. Concepto y Fundamentos

 

La imputación objetiva es una teoría jurídico-penal que permite determinar si un resultado es atribuible penalmente a un sujeto según criterios más allá de la mera causalidad física. Su objetivo principal es vincular jurídicamente la conducta del agente con la resultado típicamente prohibido, garantizando que solo se castigue lo que efectivamente constituye una infracción normativa.

 

Orígenes doctrinarios: La teoría se desarrolla a partir de las escuelas causalistas (Liszt, Bering, neokantismo) y evoluciona mediante Welzel (finalismo) hacia el funcionalismo moderno, consolidado por Claus Roxin (funcionalismo moderado/teleológico) y Günther Jakobs (funcionalismo normativista/radical).

 

En Ecuador, la imputación objetiva está positivizada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), considerando las acciones u omisiones como conductas penalmente relevantes (arts. 22 y 23 COIP).

 

2. Vertientes de la Imputación Objetiva

 

Imputación objetiva de la conducta:

 

Evalúa si la acción u omisión del autor genera un riesgo jurídicamente desaprobado.

 

Se excluye la imputación si:

 

La conducta está dentro del riesgo permitido.

 

La acción disminuye el riesgo general.

 

Existe un comportamiento alternativo conforme a derecho.

 

Imputación objetiva del resultado:

 

Determina si un resultado lesivo puede atribuírsele al sujeto.

 

Criterios principales:

 

Realización de riesgo no permitido: el resultado debe materializar el peligro que la norma busca prevenir.

 

Cursos causales atípicos o desviados: se descarta imputación si el resultado es causado por factores externos imprevisibles.

 

Principio de confianza y prohibición de regreso: protege a quienes actúan conforme a normas y roles sociales.

 

3. Aplicación en el Derecho Penal Ecuatoriano

 

La imputación objetiva se aplica a todos los tipos penales, ya sean:

 

Delitos de resultado o de mera actividad.

 

Por acción u omisión.

 

Dolosos o culposos, incluso en tentativa.

 

Permite a operadores jurídicos aplicar la norma de manera estructurada y coherente, fortaleciendo la seguridad jurídica y la protección de los bienes jurídicos.

 

Base doctrinal ecuatoriana: funcio-nalismo moderado (Roxin) y normativista/radical (Jakobs).

 

Aunque Ecuador no transitó del finalismo, adopta íntegramente el funcionalismo, integrando la conducta penalmente relevante como concepto central.

 

4. Criterios Negativos de Imputación

 

Riesgo permitido: límites socialmente aceptables de riesgo que no implican infracción penal.

 

Disminución del riesgo: actos que reducen peligros no se imputan.

 

Causas alternativas o independientes: si el resultado hubiese ocurrido igualmente bajo conducta lícita.

 

Roles y expectativas sociales: se respeta la confianza en el comportamiento de terceros conforme a normas.

 

5. Críticas y debates contemporáneos

 

La relación entre causalidad fáctica y imputación normativa sigue siendo debatida: la imputación objetiva filtra el resultado después de la causalidad.

 

La noción de riesgo permitido genera dudas sobre su determinación y la discrecionalidad del juez.

 

Se distingue entre tipo objetivo (imputación objetiva) y tipo subjetivo (dolo o culpa).

 

6. Conclusión

 

La teoría moderna de la imputación objetiva garantiza que el Derecho Penal ecuatoriano:

 

Sólo atribuya responsabilidad cuando la conducta y el resultado caen dentro del marco normativo prohibido.

 

Proteja de manera sistemática los bienes jurídicos.

 

Mantenga coherencia entre normativa y práctica judicial, evitando imputaciones arbitrarias derivadas de la causalidad meramente física.

 

Referencias clave:

 

COIP, Arts. 22-29, 2014.

 

Roxin, C., Derecho Penal. Parte General, 1997.

 

García Sánchez, G.D.R., et al., La teoría de la imputación objetiva, Pro Sciences, 2025.

 

Pazmiño Ruiz, J.R., Imputación Objetiva y COIP, UCSG, 2016.

 

Alvarado, Z., Teoría de la Imputación Objetiva: Práctica Penal.

 

Esta síntesis integra doctrina, normativa y aplicabilidad práctica en el contexto ecuatoriano.

 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, vigente desde 2014 y con reformas posteriores, ha consolidado diversas influencias doctrinarias en su estructura de la teoría del delito.

 

Entre estas influencias destacan tres enfoques esenciales: dualista, causalista y funcionalista, que orientan la tipificación, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el derecho penal ecuatoriano.

 

1. Enfoque Dualista

 

El dualismo en teoría del delito distingue claramente entre:

 

Hecho típico y antijurídico:

 

el acto o conducta que se ajusta a una descripción definida por la norma penal.

 

Culpabilidad:

 

juicio dirigido hacia el autor del delito, evaluando su reprochabilidad, intencionalidad o negligencia.

 

En el COIP, esta distinción queda plasmada en los artículos que definen la infracción penal como:

 

Conducta típica: ajustada al tipo penal descrito por la ley.

 

Conducta antijurídica: que contradice el ordenamiento jurídico y no se encuentra amparada por una causa de justificación.

 

Conducta culpable: se refiere a la capacidad del autor de reproche, considerando dolo, culpa o intención especial (Art. 18 COIP)

 

 

El enfoque dualista garantiza que el reproche penal no se dirija a la conducta objetivamente tipificada, sino al autor, dejando espacio para causas de justificación y exoneraciones de responsabilidad.

 

2. Enfoque Causalista

 

El causalismo se centra en la relación de causa-efecto entre la conducta humana y el resultado. Se subdivide en:

 

Causalismo naturalista o clásico:

 

considera que la responsabilidad surge del nexo causal entre la acción/omisión y el resultado lesivo. Su influencia se refleja en figuras como el dolo preterintencional, donde se sanciona un resultado más grave que el inicialmente querido, y exige conocimiento, voluntad e intención de causar daño (Arts. 26 COIP, 

 

 

Causalismo valorativo o neoclásico:

 

incorpora el componente valorativo, reconociendo que la antijuridicidad no es meramente objetiva, sino que incluye la dimensión material, evaluando si la conducta amenaza o lesiona bienes jurídicos relevantes (Art. 29 COIP).

 

En el COIP, el causalismo permite evaluar la relevancia penal de la conducta mediante la combinación de tipicidad, antijuridicidad y causalidad, asegurando que no toda consecuencia fáctica derive automáticamente en responsabilidad penal.

 

3. Enfoque Funcionalista

 

El funcionalismo concibe el delito como un instrumento para la protección de bienes jurídicos y fines sociales, sustituyendo la evaluación subjetiva por criterios de efectividad del derecho penal.

 

Características del funcionalismo en el COIP:

 

La culpabilidad se limita a establecer responsabilidad para propósitos de imposición de pena, minimizando la atención al dolo subjetivo.

 

Integra criterios de política criminal y prevención social, evaluando la conducta en función del daño social y la necesidad de intervención estatal.

 

Sustituye la noción de peligro abstracto por la protección concreta de bienes jurídicos, asegurando que la actuación del Estado sea proporcional y orientada a la seguridad jurídica.

 

Este enfoque se observa especialmente en la incorporación de tipos penales modernos, abiertos a interpretación de jueces, pero siempre guiados por criterios de resocialización, reparación integral y proporcionalidad de la pena.

 

4. Integración de los Esquemas en el COIP

 

El COIP refleja una síntesis de influencias doctrinarias:

Dualista: Mantiene la tripartición clásico-dogmática del delito (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), garantizando seguridad jurídica y diferenciación entre acto y reproche al autor.

 

Causalista:

 

Evalúa la relación entre acción y resultado, reconociendo la importancia del nexo causal y la dimensión valorativa del daño.

 

Funcionalista:

 

Orienta el derecho penal hacia fines concretos de protección social, priorizando la prevención, la proporcionalidad y la reparación.

 

La conjugación de estos enfoques permite al COIP de Ecuador cumplir con el imperativo constitucional de justicia, certidumbre y proporcionalidad en la imposición del derecho penal, además de alinear la legislación nacional con estándares internacionales de derechos humanos.

 

5. Conclusión

 

La estructura normativa del COIP no se limita a un único enfoque doctrinario; por el contrario, incorpora:

 

La distinción dualista entre hecho y culpable.

 

La rigurosidad causalista, asegurando que la punibilidad dependa de la conexión efectiva entre conducta y resultado.

 

La visión funcionalista, considerando la utilidad social de la norma, la resocialización y la protección de bienes jurídicos.

 

Esta integración multidimensional es clave para comprender cómo el COIP regula la responsabilidad penal, protege derechos fundamentales y promueve una justicia penal acorde con los principios contemporáneos.

 

COMO SE ADAPTA AL ESTUDIO DOCTRINARIO Y TEORICO DEL TIPO PENAL

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, vigente desde el 10 de febrero de 2014, constituye un cuerpo normativo integral que unifica legislación sustantiva, adjetiva y ejecutiva del derecho penal, adaptándose de manera explícita al estudio doctrinario y teórico del tipo penal a través de varios mecanismos:

 

1. Integración normativa y conceptualización doctrinaria

 

El COIP refleja la influencia de escuelas modernas de derecho penal y doctrina clásica, consolidando los conceptos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, considerados como los tres elementos estructurales de la infracción penal (Welzel, Beling).

 

Se incorpora el acto típico como eje de la tipicidad, que consiste en la descripción objetiva de la conducta prohibida, distinguiendo entre elementos externos (objetivos) y internos (subjetivos) del tipo penal.

 

La antijuridicidad se plantea como juicio de desvalor jurídico, determinando cuándo una conducta típica vulnera el ordenamiento sin estar amparada por causas de justificación.

 

La culpabilidad se entiende como el juicio de reproche dirigido al autor, desvinculado del acto en sí, evaluando su capacidad cognitiva y volitiva (dolo o culpa).

 

2. Tipificación y desarrollo de figuras modernas

 

El COIP incorpora figuras jurídicas como el error de tipo y error de prohibición, diferenciando entre:

 

Error de tipo: afecta la tipicidad subjetiva; puede ser vencible (excluye dolo y culpa) o invencible (solo excluye dolo).

 

Error de prohibición: afecta la antijuridicidad y subjetivamente la culpabilidad; distinguido en modalidades vencible e invencible, con variantes directo, indirecto o culturalmente condicionado.

 

Se tipifican conductas tradicionales y nuevas, incluyendo delitos de violencia sexual, desaparición forzada, instigación al suicidio y delitos contra la humanidad, alineando el COIP a estándares doctrinarios y compromisos internacionales.

 

3. Relación con la Constitución y derechos humanos

 

El COIP se enmarca en la Constitución de 2008, la cual establece principios rectores del derecho penal: proporcionalidad de penas, reparación integral a la víctima, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

 

La normativa se construye mediante un enfoque doctrinario-integrador, que permite la articulación entre tipificación de la conducta, análisis de causas de justificación y defensa de los derechos fundamentales, fortaleciendo la teoría del delito a nivel nacional.

 

4. Metodología exegética y sistemática

 

Los estudios doctrinarios aplicados al COIP emplean un análisis exegético del tipo penal, descomponiendo los elementos objetivos (sujetos, bien jurídico, nexo causal, verbo rector) y subjetivos (intención, conocimiento, voluntad).

 

La tipicidad presuntamente genera antijuridicidad mientras no exista precepto permisivo. Los jueces ejercen su función de validación de actos típicos y antijurídicos antes de proceder al juicio de culpabilidad, fortaleciendo la base teórica del delito.

 

5. Adaptación a la realidad ecuatoriana

 

Se incorporan desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales modernos adaptados a la práctica judicial y la sociopolítica del país, promoviendo una nueva cultura penal y asegurando la coherencia entre doctrina, legislación y práctica.

Se busca la armonización con el derecho internacional de derechos humanos, cumpliendo compromisos internacionales mediante la creación de tipos penales precisos y garantistas.

 

Conclusión

 

El COIP se adapta al estudio doctrinario y teórico del tipo penal a través de la combinación de tipificación normativa, integración doctrinaria y alineación constitucional, posibilitando un entendimiento sistemático del delito y garantizando que la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad constituyan los pilares del análisis penal en Ecuador. Esto marca un avance significativo frente a códigos previos, permitiendo que la teoría del delito se aplique de manera coherente y moderna en el ejercicio judicial.

 

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Ecuador actualmente dispone del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigencia en agosto de 2014 y reemplazó de manera sistemática al Código Penal anterior, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

 

 

Este código tiene una estructura integral, abarcando el derecho penal sustantivo, procesal y de ejecución de penas, lo que le confiere carácter orgánico y sistemático, buscando superar la dispersión normativa histórica y garantizar la seguridad jurídica 

 

 

Desde una perspectiva clásica de tipologías de códigos penales, se pueden distinguir tres modelos principales:

 

Código cónyaco o dogmático:

 

basada en doctrinas tradicionales y principios clásicos del derecho penal, influida por códigos como el Napoleónico y sustento doctrinario definido.

 

Código mixto:

 

combina elementos dogmáticos con consideraciones sociales y funcionales, integrando normas sustantivas y procesales de manera adaptativa.

Código ecléctico: mezcla de normas y enfoques jurídicos provenientes de distintas fuentes y sistemas, sin seguir un solo principio rector, lo que puede generar cierta incoherencia o dispersión normativa.

 

En el caso ecuatoriano, aunque el COIP incorpora influencias históricas del Código Napoleónico francés (1810), Código Italiano de 1930 (Código Rocco), Código Argentino de 1922 y belga de 1867, su concepción moderna responde a:

 

La Constitución de 2008, con énfasis en derechos humanos, proporcionalidad de penas y reparación integral de las víctimas.

 

La necesidad de unificación y sistematización de la normativa penal dispersa.

La incorporación de nuevos tipos penales conforme a estándares internacionales y criterios contemporáneos de justicia.

 

Dada esta combinación de influencias doctrinales clásicas, principios constitucionales, funcionalidad práctica y codificación moderna, el COIP se clasifica como un código penal mixto con tendencia integral, pero con elementos eclécticos, porque ha integrado normas de distintos códigos históricos y desarrollos normativos contemporáneos de manera adaptada a la realidad ecuatoriana 

 

 

Conclusión

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador puede considerarse principalmente un código penal mixto e integral, con rasgos eclécticos históricos, ya que combina doctrinas clásicas, principios constitucionales y normas modernas para unificar y sistematizar el derecho penal en Ecuador, armonizando subsistemas sustantivos, procesal y de ejecución penal.

 

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EL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO, EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO, Y LA PELIGROSIDAD DEL INDIVIDUO COMO SE NALAIZA O SE CONJUGA ESTA TEMATICA

 

1. Conceptos fundamentales

 

Derecho Penal del Ciudadano (DPC):

 

Este enfoque, inspirado en la doctrina de Gunther Jakobs, se aplica a personas que cometen delitos pero mantienen vínculos con la sociedad y el orden jurídico.

 

El objetivo es reintegrar al infractor a la comunidad, mediante la pena proporcionada y la rehabilitación, respetando plena y estrictamente sus derechos y garantías constitucionales.

 

Derecho Penal del Enemigo (DPE):

 

Contrario al DPC, se aplica a individuos cuya conducta demuestra un desprecio activo por el orden jurídico y el bienestar social, como terroristas, miembros de crimen organizado o delincuentes que minan la estabilidad del Estado. En este modelo, se prioriza la neutralización del peligro que representan, más allá de su culpabilidad específica, y la protección social se antepone a los derechos del individuo.

 

Peligrosidad del individuo:

 

En el DPE, el criterio de actuación del Estado se basa en la peligrosidad previa del sujeto, proyectando un juicio sobre la amenaza que pueda generar, en lugar de evaluar únicamente la comisión de un acto delictivo y la responsabilidad individual clásica.

 

2. Aplicación en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)

 

El COIP ecuatoriano (2014) incorpora elementos de ambos enfoques, reflejando la tensión entre un Estado garantista y la necesidad de proteger el orden social:

DPC en el COIP:

 

Se fundamenta en la reintegración social y el respeto a los derechos del procesado.

 

Normas que destacan proporcionalidad de penas (art. 76 Constitución) y reparación integral de víctimas (art. 78 Constitución).

 

Se aplica a delitos comunes o conductas de bajo riesgo social.

DPE en el COIP:

 

Se manifiesta en tipificación de delitos contra la seguridad del Estado y terrorismo.

 

El Estado puede aplicar medidas preventivas, aislamiento o neutralización, considerando la peligrosidad y no sólo la culpabilidad.

Ejemplos: delitos de terrorismo, financiamiento de rebelión o crimen organizado.

Intersección con la peligrosidad:

 

La peligrosidad del individuo es el criterio clave para diferenciar entre DPC y DPE.

Mientras el ciudadano infractor recibe sanción enfocada en la rehabilitación, el enemigo percibido como “amenaza” puede ser sometido a medidas extraordinarias de control y seguridad.

 

Este enfoque ha generado debates sobre compatibilidad con el garantismo y la protección de derechos humanos en Ecuador.

 

3.-Relacion conceptual [ver el cuadro]

 

4. Conclusión

 

En el COIP de Ecuador, la distinción entre DPC y DPE se articula mediante el criterio de peligrosidad:

 

Si el individuo es considerado un ciudadano, se aplican principios garantistas centrados en su responsabilidad y rehabilitación.

 

Si el individuo es considerado un enemigo, se prioriza la protección del orden social, aplicando medidas preventivas y de control basadas en la peligrosidad, incluso con reducción relativa de garantías procesales.

 

Esta dualidad muestra la bipolaridad del sistema penal ecuatoriano, que busca conciliar un marco constitucional garantista con la necesidad de enfrentar amenazas graves a la seguridad del Estado y la sociedad.

 

El Derecho Penal del Ciudadano (DPC) y el Derecho Penal del Enemigo (DPE) son conceptos desarrollados por Günther Jakobs, cuya aplicación racionaliza la distinción entre sujetos de derecho en función de su relación con el orden jurídico.

 

En la legislación ecuatoriana, especialmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), estas doctrinas tienen ecos y son objeto de análisis en relación con delitos graves como el terrorismo.

 

1. Origen doctrinario

 

a) Derecho Penal del Ciudadano

 

Surge de la tradición garantista y constitucionalista, basada en Hobbes, Rousseau y Kant, donde el sujeto que infringe la ley mantiene su calidad de ciudadano y debe ser tratado bajo los principios clásicos de proporcionalidad, culpa y retribución.

 

Principio: el DPC protege los bienes jurídicos, aplicando la pena como medio comunicativo y correctivo, no como instrumento de eliminación del sujeto.

 

Su finalidad es reintegrar al infractor dentro del contrato social, garantizando derechos fundamentales y debido proceso.

 

b) Derecho Penal del Enemigo

 

Se inspira en escenarios históricos donde la conservación del Estado prima sobre la individualidad, por ejemplo:

 

El Reinado del Terror en Francia (1793-1794)

 

Régimen nazi en Alemania

 

Régimen estalinista en la Unión Soviética

 

Según Jakobs:

 

El DPE distingue entre ciudadanos y sujetos que rechazan el orden jurídico, considerados enemigos del Estado.

 

La pena deja de cumplir función comunicativa; se convierte en una respuesta a la peligrosidad del individuo.

 

Conceptos clave:

 

Peligrosidad del individuo: se sanciona al sujeto por su capacidad de generarse como amenaza, no únicamente por la infracción consumada.

 

Seguridad cognitiva: busca proteger la estructura del Estado frente a amenazas externas o internas.

 

2. Aplicación en el COIP ecuatoriano

 

El COIP (reforma penal integral de 2014) refleja una bipolaridad entre DPC y DPE:

 

DPC: presente en delitos comunes, en los que se respeta proporcionalidad de la pena, debido proceso y reintegración social.

 

DPE: asociado a delitos que comprometen la seguridad del Estado, p. ej., terrorismo, asociación ilícita y crímenes contra la estabilidad nacional.

Artículos relacionados:

 

Art. 417 COIP: establece prescripción diferenciada según la gravedad del delito.

 

La pena se puede incrementar en función de la amenaza que el sujeto representa al orden social, evidenciando un enfoque preventivo y de control del peligro potencial.

 

El COIP incorpora principios de garantismo constitucional, atenuando la radicalización del DPE y evitando la supresión total de garantías procesales, aunque reconoce la necesidad de respuestas penales más fuertes frente a individuos peligrosos.

 

3.- CONEXION CONCEPTUAL [VER CUADRO]

 

4. Resumen

 

Jakobs distingue Dos Derecho Penales: del Ciudadano y del Enemigo.

 

El DPC preserva derechos individuales y garantiza aplicación equilibrada de la ley.

 

El DPE surge cuando la conducta de ciertos individuos es percibida como amenaza al orden estatal, priorizando seguridad y prevención sobre comunicación normativa.

 

En Ecuador, el COIP integra ambos enfoques:

 

Conserva principios garantistas para delitos comunes (DPC).

 

Exige respuesta más severa y preventiva para delitos considerados de alto riesgo o enemigos del Estado (DPE), particularmente en materia de terrorismo.

 

Conclusión

 

El origen doctrinario del DPE y DPC combina la filosofía política ilustrada y las crisis históricas de seguridad con la teoría contemporánea de Jakobs;

 

el COIP ecuatoriano refleja esta dualidad aplicando principios garantistas del DPC para la mayoría de delitos, y rasgos de DPE para casos de amenaza al orden público o al Estado, especialmente delitos graves con riesgo colectivo.

 

La noción de peligrosidad del individuo justifica incrementos en la severidad de penas y medidas preventivas, respetando los límites constitucionales y los derechos humanos.

 

Referencias clave:

Jakobs, Günther

La peligrosidad en el contexto del Derecho Penal ecuatoriano es un concepto central para la aplicación de medidas de seguridad, prevención del delito y tipificación de ciertos comportamientos delictivos.

 

Su comprensión requiere integrar perspectivas doctrinales, legislativas y criminológicas.

 

1. Concepto de peligrosidad

 

Según la doctrina penal ecuatoriana, los delitos de peligrosidad se caracterizan no necesariamente por el daño efectivo causado, sino por el riesgo potencial que representan para la sociedad y los bienes jurídicos protegidos, como la vida, la integridad física y la integridad sexual (Andrade, 2020; Barona López, 2023).

 

La peligrosidad normativa establece que una conducta es peligrosa cuando se adecúa a los tipos penales de la codificación penal, incluso si el sujeto es incapaz de culpabilidad, de manera que la ley define un presupuesto para medidas de seguridad (vlex.ec, 2019; novedadesjuridicas.com.ec, 2025).

 

El concepto ha evolucionado desde la tradición de la criminología clásica hasta la escuela positivista, incorporando análisis psiquiátricos y factores sociales que permiten evaluar el “estado peligroso” del sujeto.

 

2. Fundamentos legales

 

La Constitución de la República del Ecuador (artículo 66) consagra la protección de los bienes jurídicos fundamentales, cuya vulneración potencial o real justifica la intervención penal.

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) regula los delitos de peligrosidad y establece medidas de seguridad, resaltando la necesidad de tipificación previa de la conducta y la observancia del principio de legalidad, de mínima intervención penal y de taxatividad (Ecuador, 2021; Núñez Vera et al., 2025).

 

Los artículos 36, 47 y 76 del COIP aplican a casos considerados de alto riesgo social, incluyendo circunstancias agravantes cuando la víctima se encuentra en indefensión o discriminación.

 

3. Elementos criminológicos de la peligrosidad

 

La peligrosidad se evalúa a partir de factores objetivos y subjetivos:

Objetivos: antecedentes penales, reincidencia, gravedad del delito, contexto social y económico del sujeto.

 

Subjetivos: capacidad de autocontrol, intencionalidad, propensión a reincidir, influencia de enfermedades mentales o rasgos psicológicos antisociales (Barona López, 2023; PUCE, 2023).

 

La reincidencia se considera determinante, pues refleja el riesgo de continuar con la carrera delictiva.

 

La criminología moderna enfatiza una valoración integral que incluya factores sociales, familiares y socioeconómicos para diseñar mecanismos de prevención más humanizados y orientados a la reinserción.

 

4. Implicaciones jurídicas

 

La peligrosidad permite justificar medidas de seguridad más allá de la aplicación standard de penas, siempre respetando derechos fundamentales, evitando sanciones arbitrarias basadas únicamente en perfiles personales (novedadesjuridicas.com.ec, 2025; vlex.ec, 2019).

 

La valoración de peligrosidad debe basarse en evidencias objetivas, evitando la aplicación de penas sin la correcta individualización del sujeto y su riesgo real (Barona López, 2023; León Vélez y Guerrero, 2024).

 

Se relaciona con la prevención especial y general, la rehabilitación, y la justicia restaurativa, permitiendo equilibrar la protección de la sociedad con los derechos del imputado.

 

5. Conclusión

 

En el Derecho Penal ecuatoriano, la peligrosidad del individuo no se limita a la comisión de un delito, sino que implica una evaluación integral del riesgo que representa para la sociedad y los bienes jurídicos protegidos.

 

La legislación, doctrina y práctica judicial convergen en considerar que la peligrosidad permite justificar medidas preventivas y de seguridad, siempre dentro del marco de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

 

La tendencia actual apunta hacia un enfoque más humanitario y restaurativo, valorando factores criminógenos, socioeconómicos y psicológicos del sujeto, en lugar de basarse únicamente en un sistema punitivo retributivo.

 

Referencias clave

 

Ecuador, Asamblea Nacional. (2021). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Registro Oficial.

 

Núñez Vera, J. P., Barcia Zambrano, H. J., Farfán Largacha, J. A., & Zambrano Tuárez, A. A. (2025). Análisis jurídico de los delitos de peligrosidad en el marco jurídico ecuatoriano. Revista Científica ALCON, 5(2), 116–129.

 

Barona López, D. (2023). Factores de peligrosidad criminal en relación a los mecanismos de prevención de delitos. PUCE, Ecuador.

 

Novedades Jurídicas. (2025). La peligrosidad como presupuesto de las medidas de seguridad.

 

Esta conceptualización integra perspectivas jurídicas, criminológicas y de política criminal aplicadas al contexto ecuatoriano, destacando que la peligrosidad es un criterio preventivo y evaluativo dentro del sistema penal.

Günther Jakobs es un jurista alemán conocido por su formulación del “Derecho penal del enemigo”, un enfoque que distingue entre ciudadanos ordinarios, regidos por el Derecho penal convencional, y aquellos individuos considerados como enemigos, cuya peligrosidad justifica un tratamiento jurídico diferenciado.

 

Según Jakobs, la pérdida de “personalidad jurídica” de ciertos individuos no se basa en su maldad subjetiva, sino en elementos objetivos como la comisión reiterada de delitos graves, lo que legitima un adelantamiento de la punibilidad y la eventual supresión de garantías procesales.

 

La pena, en este marco, ya no solo sanciona hechos cometidos, sino que busca neutralizar a individuos potencialmente peligrosos, reforzando la seguridad normativa y la obediencia al sistema jurídico.

 

Desde la perspectiva de Manuel Atienza y Juan Antonio García Amado, Jakobs es analizado críticamente por su planteamiento:

 

 

 

Atienza enfatiza la importancia de una aproximación argumentativa y pragmática al Derecho, valorando los principios y valores constitucionales y rechazando la dicotomía estricta entre personas y enemigos que propone Jakobs, pues esto contradice los estándares de un-Estado democrático de Derecho y los derechos de grupos minoritarios.

 

La crítica se centra en cómo la teoría de Jakobs tiende a justificar restricciones severas mediante analogías normativas que, para-Atienza, resultan metodológicamente y éticamente cuestionables, al vulnerar la igualdad jurídica y los derechos fundamentales.

García Amado, por su parte, desde un enfoque positivista, también señala inconsistencias en Jakobs, en el sentido de que su concepto de “enemigo” no se fundamenta en normas jurídicas claras y uniformes, sino en criterios de peligrosidad social que pueden derivar en arbitrariedad.

 

Para él, mantener la previsibilidad del Derecho y la seguridad jurídica es crucial, y la figura del “enemigo” introducida por Jakobs supone un riesgo de erosión de esas garantías.

 

En síntesis, la interpretación de Atienza y García Amado sitúa a Jakobs como un referente controvertido dentro de la filosofía del Derecho penal: mientras reconoce la originalidad teórica de su planteamiento sobre el control de la peligrosidad, critican la incompatibilidad de sus postulados con los principios democráticos, la tutela de derechos humanos y la coherencia metodológica del Derecho positivo.

 

Ambos autores coinciden en que la adopción de criterios objetivos frente a la conducta peligrosa debe respetar la dignidad humana y los límites que impone un sistema jurídico democrático.