IMPORTANCIA DE TEMAS DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO, EN ECUADOR.

De conformidad con el Código Integral Penal [COIP] ESTABLECE los Procedimientos Especiales destinados a agilitar la administración de justicia bajo los principios de celeridad y economía procesal, están tipificados en el Artículo 634 donde se distinguen los mismos en:

Procedimiento Abreviado,
Procedimiento Directo,
Procedimiento Expedito y
Procedimiento para el Ejercicio Privado de la Acción Penal.

Al formar el COIP un cuerpo normativo en ámbito penal, debe sujetarse por ser norma infra constitucional a lo que dispone la Constitución, es así que de conformidad al Art. 76 del Constitución de la República del Ecuador establece que el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento;

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa;

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

El procedimiento expedito que se caracteriza por ser aplicado en las contravenciones penales, ya que es ineficaz y vulnera las garantías del debido proceso según el artículo 642 numeral 2 que indica:

"que cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a través de los servidores respectivos a la o al supuesto infractor para la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un plazo máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a la defensa".

Por tal procedimiento no obstante, a pesar de este relativo beneficio que ofrece el procedimiento expedito, se establece que atenta contra todos los derechos relacionados con la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por cuanto no se dispone del tiempo necesario para un adecuado ejercicio del derecho a la defensa, ni de ser legalmente citadas ya que el legislador por el ímpetu de agilitar la justicia indica que para que tenga conocimiento la parte denunciada señala según la ley que se le notificará, siendo esto ineficaz por cuanto al no encontrar de manera personal, la notificación debe esperar hasta que llegue a las manos mismas a quien está dirigido la denuncia, además del tiempo limitado para el ejercicio al derecho a la defensa, que constituye la vulneración a los derechos constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica.

FUNDAMENTACIÓN SOBRE LA VULNERACIÓN

La vulneración del derecho a la prueba a consecuencia de no contar con el tiempo suficiente para recabar la misma es una transgresión directa al debido proceso que establece reglas precisas para garantizar una justicia plena e imparcial, donde además se determina que como parte de la defensa toda persona debe contar con un periodo razonable para que recabe todo elemento probatorio que le ayude a sustentar sus alegaciones ante el juez penal, desde esta perspectiva garantista se sobreentiende que ninguna disposición legal debe limitar el acceso a la carga probatoria.

En este sentido, el tiempo de tres días que establece el procedimiento expedito de contravenciones penales para él anunció de la prueba por lógica resulta limitado, por lo tanto, la carga probatoria de las partes se verán afectadas, vulnerándose así el derecho al debido proceso en la garantía de la defensa establecido en el artículo 76 numeral 7 literal c) de la Constitución de la República, esto es contar con el tiempo y medios procedentes que permitan la preparación de una defensa técnica, es claro que el legislador no realizo un análisis previo para determinar un tiempo oportuno para la obtención de medios de prueba en el procedimiento expedito de contravenciones penales, al introducir la idea de una justicia rápida en el sistema penal más bien vulnera ciertos derechos constitucionales como la defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. (CRE, 2008).

LA CORTE CONSTITUCIONAL SOSTIENE

"...el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para que, luego de un proceso que observe las garantías mínimas establecidas en la Constitución y la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y en éste se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia, el segundo con el desarrollo del proceso en un tiempo razonable, y el tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia, esto es, acceso a la jurisdicción, debido proceso y eficacia de la sentencia".

En este sentido de ideas la Corte Constitucional, en la sentencia N. 0024-13-SEP-C.C., determina que: "En nuestra legislación procesal, la tramitación de los procesos se efectúa de conformidad con las normas establecidas de modo previo, claro, público y aplicadas por autoridades competentes con el fin de garantizar los derechos constitucionales de las partes procesales. En tal sentido, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad jurídica, todos los jueces se encuentran sometidos al cumplimiento de la normativa aplicable para cada caso concreto, la misma que le indica al juzgador lo que puede hacer y cómo debe proceder, brindándole así a las partes procesales la garantía de poder acceder a una justicia efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses".

¿Podrán las pruebas recabadas en el procedimiento de contravenciones penales llevar al juzgador a cumplir con la finalidad establecida en el Art. 453 del COIP?.

 

AVOCATORIA

 

JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SALITRE. Salitre, lunes 20 de enero del 2023, las 14h07, VISTOS. La petición realizada por ........................................Avoco conocimiento en la presente causa en mi calidades de juez multicompetente  de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, previo sorteo de ley, conforme se evidencia de fojas 1 de los autos de esta instancia. En lo principal, se dispone: 1.- La impugnación a la citación Nº CTE0000-00000000 presentada por señor XXXXXXXXXXXXXXXXX, por haber sido interpuesta dentro del término legal se admite al trámite establecido en el Art. 644 del Código Orgánico Integral Penal en vigencia; 2.- Tomando en consideración la agenda electrónica de audiencias que lleva la Unidad Judicial Penal, se convoca para el día XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a las 11H00, para que se lleve a efecto la AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA, CONTRADICTORIA Y DE JUZGAMIENTO, la misma que se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Unidad Judicial  Multicompetente con sede en el cantón Salitre; el día y hora señalados se practicarán las pruebas necesarias que se crea asistido el impugnante, quien deberá acudir en forma PERSONAL, en aplicación de los principios de INMEDIACIÓN y CONTRADICCIÓN; y bajo las prevenciones legales de aplicar lo dispuesto en la resolución 309-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura, es decir declarar el abandono de la impugnación con los mismos efectos del inciso tercero del Art. 644 del Código Orgánico Integral Penal, con la correspondiente condena en costas en aplicación al Art. 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto de los gastos en que hubiera incurrido el Estado en dicha causa; 4.- Hasta tres días antes de la audiencia las partes podrán hacer el anuncio de pruebas por escrito de conformidad con el Art. 642 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal; 5.- Ofíciese al Jefe Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito del Guayas, haciéndole conocer el día y la hora de la audiencia antes señalada, a efectos de que comparezca el AGENTE DE TRANSITO: [nombres y apellidos], CÓD. N° XXXXXX quien elaboró el parte de citación No CTE0000-00000000, con toda la Información relacionada con la presente impugnación, bajo prevenciones de ley. En la Audiencia señalada se receptará el testimonio del agente de tránsito, quien presentará los elementos de convicción que justifiquen su procedimiento en caso de poseerlos. 6.-. Téngase en cuenta la autorización que confiere el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al Ab. XXXXXXXXXXXXXXXXX, así como el correo electrónico abcs.avocatus@gmail.com, que señala para recibir notificaciones; 7.-Intervenga el Ab. XXXXXXXXXXXXXXXX en calidad de secretario del despacho- Ofíciese y notifíquese.-

 

Proceso de Tránsito COIP.

Tipo de acción:  EJ. : "Contravenciones de tránsito por Asunto: 388 contravenciones de tránsito de tercera clase, inc.1, núm.. 7."

PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ COMPETENTE

Primera Instancia

Al que se adjunta los siguientes documentos:

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)
2) CITACIÓN PARTE N°. 00000000 - 1 FOJA (ORIGINAL)
3) COPIA DE CÉDULA,
4) COPIA DE CREDENCIAL - 2FOJAS (COPIA SIMPLE)
FUENTE:
1.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7343678
2.- https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15761

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCION PENAL EN ECUADOR.

Las reglas están establecidas en el COIP.

Art. 647.- Reglas. - El procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas:

1. Quien acuse por un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá proponer la querella por sí o mediante apoderada o apoderado especial ante la o el juez garantías penales.

2. La querella se presentará por escrito y contendrá:

a) Nombres, apellidos, dirección domiciliaria y número de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte de la o el querellante.

b) El nombre y apellido de la o el querellado y si es posible, su dirección domiciliaria.

c) La determinación de la infracción de que se le acusa.

d) La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y la fecha en que se cometió.

e) La protesta de formalizar la querella.

f) La firma de la o el querellante o de su apoderada o apoderado con poder especial el cual deberá acompañarse. El poder contendrá la designación precisa de la o el querellado y la relación completa de la infracción que se requiere querellar.

g) Si la o el querellante no sabe o no puede firmar, concurrirá personalmente ante la o el juzgador y en su presencia estampa su huella digital.

3. La o el querellante concurrirá personalmente ante la o el juzgador, para reconocer su querella.

4. En los procesos que trata esta Sección no se ordenarán medidas cautelares y podrán concluir por abandono, desistimiento, remisión o cualquier otra forma permitida por este Código.

CONCORDANCIAS:
- CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1583, 1668

Art. 648.- Citación y contestación. - La o el juzgador deberá examinar los requisitos de la acusación de acuerdo con las normas establecidas en este Código.
Admitida la querella a trámite, se citará con la misma a la o al querellado; si se desconoce el domicilio, la citación se hará por la prensa, conforme la normativa aplicable. La boleta o la publicación deberá contener la prevención de designar a una o un defensor público o privado y de señalar casilla o domicilio judicial o
electrónico para las notificaciones.
Citado la o el querellado la contestará en un plazo de diez días. Una vez contestada, la o el juzgador concederá un plazo de seis días para que las partes presenten y soliciten prueba documental, soliciten peritajes y anuncien los testigos que deberán comparecer en la audiencia.

CONCORDANCIAS:
- CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 35
- CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1510

Art. 649.- Audiencia de conciliación y juzgamiento. - Una vez que concluya el plazo para la presentación de la prueba documental y anunciación de testigos o peritos, la o el juzgador señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y querellado podrán llegar a una conciliación. El acuerdo se pondrá en conocimiento del juzgador para que ponga fin al proceso.

La audiencia se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Si no se logra la conciliación, se continuará con la audiencia y la o el querellante formalizará su querella, la o el defensor público o privado presentará los testigos y peritos previamente anunciados, quienes contestarán al interrogatorio y contrainterrogatorio.

2. La o el juzgador podrá solicitar explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que dicen.

3. Luego la o el querellado o la o el defensor público o privado procederá de igual forma con sus testigos presentados y pruebas.

4. A continuación, se iniciará el debate concediendo la palabra, en primer término, a la o al querellante y luego a la o al querellado, garantizando el derecho a réplica para las partes.

5. Si la o el querellado no acude a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia.

6. Luego del debate, la o el juzgador dará a conocer su sentencia siguiendo las reglas de este Código.

7. La o el juzgador que dicte sentencia en esta clase de procedimiento, declarará de ser el caso, si la querella ha sido temeraria o maliciosa.

8. La persona condenada por temeridad pagará las costas procesales, así como la reparación integral que corresponda.

9. En caso de que la o el juzgador la califique de maliciosa, la o el querellado podrá iniciar la acción penal correspondiente.

CONCORDANCIAS:
- CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP, Arts. 271, 663
- CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 12

Art. 650.- Inasistencia injustificada.- Si la o el querellante no asiste de manera injustificada a la audiencia, la o el juzgador, de oficio declarará desierta la querella con los mismos efectos del abandono, sin perjuicio de que se declare maliciosa o temeraria.

Art. 651.- Desistimiento o abandono.- En los delitos en los que proceda el ejercicio privado de la acción se entenderá abandonada la querella si la o el querellante deja de impulsarla por treinta días, contados desde la última petición o reclamación que se ha presentado a la o al juzgador, a excepción de los casos en los que por el estado del proceso ya no necesite la expresión de voluntad de la o el querellante. La o el juzgador declarará abandonada la querella únicamente a petición de la o el querellado. Declarado el abandono la o el juzgador tendrá la
obligación de calificar en su oportunidad, si la querella ha sido maliciosa o temeraria.

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EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL COIP PUEDE VERSE AFECTADO POR SITUACIONES NO PREVISTAS POR LOS SUJETOS PROCESALES.

Podrían surgir imprevistos como ASISTENCIA O INASISTENCIA A LA AUDIENCIA; COINCIDENCIA CON OTRAS DILIGENCIAS EN LA MISMA FECHA Y HORA; En la Agenda de Audiencias PUEDE HABER DILIGENCIAS DE OTRAS UNIDADES JUDICIALES QUE COINCIDAN, en tal virtud, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la República, se procede a diferir la Audiencia Oral Pública de Prueba y Juzgamiento:

LA CRE

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales.

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.

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POR LO TANTO, de conformidad a lo que dispone el Art. 649 del COIP, se procede a diferir la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento:

Art. 649.- Audiencia de conciliación y juzgamiento.- Una vez que concluya el plazo para la presentación de la prueba documental y anunciación de testigos o peritos, la o el juzgador señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y querellado podrán llegar a una conciliación. El acuerdo se pondrá en conocimiento del juzgador para que ponga fin al proceso.

La audiencia se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Si no se logra la conciliación, se continuará con la audiencia y la o el querellante formalizará su querella, la o el defensor público o privado presentará los testigos y peritos previamente anunciados, quienes contestarán al interrogatorio y contrainterrogatorio.

2. La o el juzgador podrá solicitar explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que dicen.
3. Luego la o el querellado o la o el defensor público o privado procederá de igual forma con sus testigos presentados y pruebas.

4. A continuación, se iniciará el debate concediendo la palabra, en primer término, a la o al querellante y luego a la o al querellado, garantizando el derecho a réplica para las partes.

5. Si la o el querellado no acude a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia.

6. Luego del debate, la o el juzgador dará a conocer su sentencia siguiendo las reglas de este Código.

7. La o el juzgador que dicte sentencia en esta clase de procedimiento, declarará de ser el caso, si la querella ha sido temeraria o maliciosa.

8. La persona condenada por temeridad pagará las costas procesales, así como la reparación integral que corresponda.

9. En caso de que la o el juzgador la califique de maliciosa, la o el querellado podrá iniciar la acción penal correspondiente.

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¿SE PODRA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO?.

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En tal virtud, y bajo prevenciones legales establecidas en el Art. 131 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial,

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DISPOSICIONES DEL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL

Art. 131.- FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:

1. Devolver los escritos ofensivos o injuriosos, sea que las injurias vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidor del tribunal o juzgado, la contraparte o su defensora o defensor, sin perjuicio de la sanción que pudiere imponer el Consejo de la Judicatura y lo dispuesto por el Código Penal.

Para devolver el escrito e imponer la sanción, el tribunal, jueza o juez ordenará que la secretaria o el secretario deje copia de la fe de presentación en el expediente y archive la copia del escrito. Si éste contuviere la interposición de un recurso, una petición de aclaración, ampliación, reforma o revocatoria u otra semejante, dispondrá que la actuaria o el actuario deje copia de la parte que contiene la petición, y proveerá a ella.

De la providencia al respecto no habrá recurso alguno.

El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor obliga a la jueza o juez a solicitar al órgano correspondiente la sanción correspondiente;

2. Expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieren sido aplicables de no haber asistido a la actuación. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar si el hecho constituyera contravención o delito;

3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones;

4. Solicitar a la dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura que sancione a las abogadas y a los abogados que incurrieren en las inconductas descritas en este Código. A este efecto, acompañarán informe razonado; y,

5. Aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan.

Art. 132.- FACULTADES COERCITIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Constitución de la República las juezas y jueces pueden:

1. Imponer multa compulsiva y progresiva diaria destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión, sin perjuicio de las consecuencias legales que, al momento de la resolución de las causas, produce la contumacia de la parte procesal. La multa será establecida discrecionalmente por el tribunal, jueza o juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo ser reajustada o dejada sin efecto si se considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación.

Las cantidades serán determinadas considerando la cuantía o la naturaleza del asunto y las posibilidades económicas del obligado, de tal manera que signifiquen una efectiva constricción sicológica al cumplimiento de lo dispuesto.

Siguiendo estos lineamientos, los jueces podrán imponer multas de entre una quinta parte de una remuneración básica unificada, y una remuneración básica unificada diaria, sin que en ningún caso exceda de veinticinco remuneraciones básicas unificadas; la sanción se aplicará sin perjuicio del cumplimiento del mandato; y,

2. Remitir los antecedentes a la Fiscalía General, si estimare que la resistencia a la orden judicial pueda encuadrar en infracción penal.

Art. 133.- PRÓRROGA DE FUNCIONES.- Las juezas y jueces y las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente señalados por la ley.

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AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO

Esta se hará de conformidad a lo dispuesto en el Art. 600 del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador
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Art. 600.- Dictamen y abstención fiscal.- Concluida la instrucción, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince días.

De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales.

Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador.

Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención, remitirá de inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el plazo máximo de tres días cuando exista una persona privada de libertad, caso contrario lo dictará en el plazo de hasta diez días. En el mismo auto, revocará todas
las medidas cautelares y de protección dictadas.

Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para que sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro de los cinco días siguientes de recibido el expediente.

Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros procesados, con respecto a la abstención, deberá elevar a consulta de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Y sobre los que se resuelva acusar, solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

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CUANDO SE TRATE DE UNA FLAGRANCIA EN CASOS DE ASESINATO.

En delitos como el ASESINATO, por presuntamente contravenir el Art. 140 del COIP.

Delitos contra la inviolabilidad de la vida

Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano.

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación.

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas.

4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado.

5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima.

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción.

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción.

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública.

 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.

 

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Art. 527.- Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.

Art. 528.- Agentes de aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de conformidad con las disposiciones de este Código.

Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá aprehender:

1. Al que fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle cumpliendo su condena, detenido o con prisión preventiva.

2. A la persona procesada o acusada, en contra de quien se ha dictado orden de prisión preventiva o al condenado que está prófugo.

Si el aprehensor es una persona particular, deberá poner inmediatamente al aprehendido a órdenes de un agente policial.

Art. 529.- Audiencia de calificación de flagrancia.- En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente.

CONCORDANCIAS:
- CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 130, 282

 

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OBSERVANCIA DE LAS REGLAS DEL COIP PARA LAS AUDIENCIAS

 

Art. 563.- Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas:

 

1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador.

 

2. Son públicas, con las excepciones establecidas en este Código. La deliberación es reservada. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por los medios de comunicación social.

 

3. Se rigen por el principio de contradicción.

 

4. Instalada la audiencia, la o el juzgador concederá la palabra a quien lo solicite y abrirá la discusión sobre los temas que son admisibles. En caso de existir un pedido de revisar la legalidad de la detención, este punto será siempre el primero en abordarse.

 

Como regla general, las o los fiscales y las o los defensores públicos o privados tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos.

 

5. Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Las sentencias se reducirán a escrito y se notificará dentro del plazo de diez días. Los plazos para las impugnaciones de las sentencias y autos definitivos no dictados en audiencia correrán a partir de la notificación por escrito.

 

6. El idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarlo con facilidad, la persona procesada, la víctima u otros intervinientes, serán asistidos por una o un traductor designado por la o el juzgador.

 

7. La persona procesada, la víctima u otros intervinientes, en caso de no poder escuchar o entender oralmente, serán asistidos por un intérprete designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión en el proceso penal. Lo anterior no obsta para estar acompañados por un intérprete de su confianza.

 

8. Al inicio de cada audiencia la o el juzgador dispondrá que se verifique la presencia de los sujetos procesales indispensables para su realización y, de ser el caso, resolverá cuestiones de tipo formal.

 

9. La o el juzgador controlará la disciplina en la audiencia, incluso podrá limitar el ingreso del público por la capacidad o seguridad de la sala, establecerá el tiempo de intervención de los sujetos procesales, de acuerdo con la naturaleza del caso y respeto al derecho de igualdad de las partes.

 

10. Se contará con la presencia de la o el juzgador, las o los defensores públicos o privados y la o el fiscal. Los sujetos procesales tienen derecho a intervenir por sí mismos o a través de sus defensores públicos o privados. En el caso de las personas jurídicas de derecho público, a las audiencias podrá acudir el representante legal, delegados o el procurador judicial o sus defensores.

 

11. No se podrá realizar la audiencia de juicio sin la presencia de la persona procesada, salvo los casos previstos en la Constitución de la República.

 

12. Si no se realiza la audiencia de juicio por inasistencia de la persona procesada o de sus defensores, es decir, por causas no imputables a la administración de justicia, dicha inasistencia suspenderá de pleno derecho el decurso de los plazos de la caducidad de la prisión preventiva hasta la fecha en que efectivamente se realice la audiencia de juicio. Lo anterior, sin perjuicio de la necesaria constancia procesal respecto de la suspensión en cada expediente.

 

13. Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o los juzgadores, serán despachadas de forma concentrada.

 

14. Si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea detenida o se presente físicamente de manera voluntaria.

 

15. Si son varias las personas procesadas y están prófugas y otras presentes, se suspenderá el inicio del juicio para las primeras y continuará respecto de las segundas.

 

Concordancias:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 2, 168, 233

 

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 13, 335

 

 

 

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EL COIP, en principio tiene 730 artículos, cuatro disposiciones generales, 23 disposiciones transitorias, Disposiciones reformatorias disponibles en el Suplemento del Registro Oficial No 180 de fecha 10 de febrero del 2014. 26 disposiciones derogatorias. Y, Disposición final.

 

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El derecho a la defensa se relaciona con la prueba, por cuanto constituye la base sobre la que se sentará la decisión judicial; en materia penal, la prueba, sea está documental, pericial o testimonial, determinará la culpabilidad de un sujeto que cometió un hecho antijurídico, en este sentido el COIP ha definido que los medios de prueba otorgan ese convencimiento al juzgador para lo cual la misma norma ofrece varios tipos probatorios para demostrar la realidad de los hechos.

 

En el procedimiento de contravenciones penales es importante la valoración de la prueba y ver si estas fueron obtenidas conforme las disposiciones legales, caso contrario serán consideradas pruebas ilícitas o ilegales que viciaran el proceso, el juzgador es quien tiene la potestad de admitir o no un medio de prueba para establecer la verdad de los hechos fácticos.

 

La prueba es un instrumento primordial que precautela los derechos de las partes procesales, determinando la verdad de los hechos controvertidos, es el elemento principal que configura un verdadero proceso penal en el que se precautela el debido proceso, mismo que determina las reglas a seguir en la obtención de los medios probatorios, de esta manera se garantiza el acceso a una justicia equitativa.

 

Los medios prueban son aquellas herramientas que permite a los juzgadores tomar decisiones dentro de las causas penales respecto a la existencia de un delito o la ratificación de inocencia de la persona, su valoración será siempre de acorde a las reglas propias de la sana crítica sin omitirse disposición legal alguna, no existe libre albedrío en valorar cada elemento probatorio, más bien el mismo juzgador debe limitar el uso doloso de un medio probatorio.

 

Conclusiones La doctrina establece que, en todo proceso penal, desde el ordenamiento jurídico, es indispensable que las partes que intervienen en el mismo tengan el tiempo suficiente para reunir todos los medios de prueba y preparar una defensa adecuada con la finalidad de tutelar sus derechos fundamentas y evitar decisiones arbitrarias.

 

SIN DEFENSA NO HAY JUSTICIA.

 

RESOLUCIÓN No. 14-2021 

 

Art. 1.- La prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional, debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterios de última ratio, y podrá ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz.

 

Art. 2.- La Fiscalía al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, evidenciando el riesgo procesal y que las mediadas alternativas no son suficientes para evitarlo.

 

Art. 3.- La resolución de prisión preventiva debe estar motivada considerando los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y contendrá al menos:

 

1. Una relación de cómo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada, se ajustan a un delito de acción penal pública sancionado con una pena privativa de libertad superior a un año.

 

2. Que los elementos aportados por Fiscalía, permiten razonadamente concluir que es probable que la persona procesada sea autor o cómplice del hecho imputado. La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva.

 

3. La justificación de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal, y que la prisión preventiva se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

 

https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones/2021/2021-14-Aclara-el-Art-534-COIP.pdf